Columna por Diego Céspedes
El internet y las redes sociales son materia de estudio desde su invención, aportando a la economía, abriendo fronteras y haciendo el mundo un poco más pequeño de lo que ya era. A principios de los años 90’, el concepto de globalización ya empezaba a permear la academia, la que investigó sobre sus procesos y consecuencias. Una de las grandes conclusiones de los estudios es que es imposible concebir la globalización sin la ayuda de los medios de comunicación, y hoy, sin las redes sociales. El problema es que muchas veces la tecnología va más rápido que los Estados y las políticas públicas, convirtiéndose en un gran desafío su regulación.
En los últimos años hemos visto cómo las transnacionales de la información funcionan libremente en los países sin muchas restricciones, pudiendo influir incluso en elecciones. De hecho, el caso de Cambridge Analytica abrió todo un debate sobre el uso y acceso a la información que le otorgamos a las empresas. De ahí en adelante, se abrió paso a la discusión de las Fake News, las que realmente son una desinformación. Este fenómeno se ha transformado en una de las principales fuentes de la opinión pública, amplificando el caos. De a poco, empresas como Twitter y Facebook han buscado fórmulas para hacerle frente a las noticias falsas.
En cualquier caso, este no es el único problema que enfrentan los gobiernos con estas firmas. Uno de los más preocupantes es cómo estas compañías viven en la delgada línea de liderazgo y monopolio. Hace unas semanas, el Congreso de Estados Unidos reunió a los cuatro CEOs de las empresas más importantes del mundo: Facebook, Amazon, Apple y Alphabet (i.e. parte del conglomerado de Google). La comisión de Antimonopolio los citó para discutir sobre sus prácticas para tener el poder de mercado que manejan. En este sentido, era primordial conocer cómo funcionan sus ventas, ofertas, sus tiendas online y, por último, las adquisiciones y fusiones de las compañías.
Claramente, ser los actores más importantes de cada área no es un delito, pero es importante mantener un ecosistema de competencia justo para evitar los monopolios, especialmente de este tipo de compañías.
Lo que ha sido un dolor de cabeza para los diferentes Estados es cómo legislar a las empresas que operan en los países, pero no necesariamente tributan o se acogen a las leyes de éstos. Es decir, viven en la zona gris. El caso ícono de esta disyuntiva es la empresa Uber que continúa librando batallas en diferentes países para poder operar.
En vista de los hechos, la tecnología y las nuevas formas de comunicación están avanzando a pasos agigantados en relación a los que pueden hacer los países, especialmente los que están en vías de desarrollo.
Sin ir más lejos, en el caso de Chile, lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos es un primer intento de regular este tipo de empresas. Con la aplicación del decreto nº 830 del Ministerio de Hacienda, ya vimos cómo subieron los precios de las aplicaciones Spotify, Netflix o HBO Go, por ejemplo. Asimismo, el SII inició el año pasado un análisis del negocio de influenciadores para ver cómo operaban, producto del desarrollo de este nuevo canal de márketing y comunicación.
Vemos que los gobiernos, especialmente los del hemisferio norte, están buscando cómo regularizar y supervisar estas grandes empresas ligadas a las comunicaciones. Es evidente que estas firmas e innovaciones van de la mano del cambio de paradigma de los consumidores. Entonces, ¿podrán los gobiernos legislar a la misma velocidad que nacen nuevos negocios y formas de comunicación? Realmente, es muy difícil, primero se deben modernizar los propios Estados.
